FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

El enfoque macroeconómico predominante se centra en grandes agregados promedio (inflación, déficit fiscal, PIB, balanza comercial y otros), olvidándose de que la realidad no es igual en todas las localidades. Hay una diferencia marcada entre la infraestructura socio-económica a que tiene acceso un residente en San Salvador a la de un habitante de San Francisco Gotera. Son distintas las oportunidades educativas que tiene un joven que vive en Antiguo Cuscatlán a las de otro que reside en Apopa. En este sentido, conviene incorporar a la discusión nacional, lo específico, que es el ámbito territorial. El desarrollo local sostenible se orienta hacia las necesidades y aspiraciones de la gente a nivel territorial, a través de su potenciación y de la ampliación de sus oportunidades socioeconómicas como parte integrante de la política nacional de desarrollo.

El desafío está en fortalecer la capacidad de gestión local para estimular la inversión productiva, mejorar la infraestructura, salvaguardar el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de las familias que allí habitan. Hoy nadie pone en duda la importancia de la participación ciudadana en la solución de los problemas y de las relaciones entre las actividades socioeconómicas y el medio ambiente. La gestión territorial es lo que permite articular y armonizar los aspectos económicos, sociales y ambientales.

De ahí que el financiamiento para el desarrollo local sostenible sea un tema de interés. La gama de mecanismos y modalidades de financiamiento es amplia y evolutiva. Este artículo sólo se refiere a la dimensión fiscal del financiamiento, partiendo de que la descentralización contribuye a aumentar la eficacia y la cobertura de los servicios sociales básicos, y que las disparidades territoriales tienden a aumentar cuando el financiamiento de los servicios descentralizados provienen de transferencias no relacionadas con el aporte local (Iván Finot, ILPES/CEPAL, 1997).

La descentralización fiscal ocurre cuando los ingresos y gastos públicos se desplazan del nivel superior o central hacia el inferior o local. José Antonio Ocampo, Secretario Ejecutivo de CEPAL, afirmó que “la descentralización resulta poco efectiva si los gobiernos locales no cuentan con los recursos financieros adecuados que les permitan adelantar, de manera responsable, la gestión y provisión de los servicios asumidos”. El traspaso de mayores responsabilidades y recursos a los niveles locales, ya sean estos municipales y/o departamentales es un proceso complejo, más aún cuando buena parte de los agentes locales no cuentan con la capacidad gerencial ni con los recursos institucionales y materiales para progresar. Por ello, los procesos locales deben estar vinculados con los programas nacionales de desarrollo, a fin de que los esfuerzos sean duraderos en términos fiscales.

Ocampo subraya que muchos países latinoamericanos siguen caracterizándose por una escasa autonomía en la determinación de los impuestos locales, una alta participación de las transferencias intergubernamentales, un bajo acceso y utilización del endeudamiento y una generalizada carencia de mecanismos de coordinación con los otros niveles de gobierno. Lo anterior da como resultado una permanente brecha financiera a nivel local que limita la consolidación de los procesos de descentralización, lo cual se refleja en la reducida participación de las finanzas locales en el consolidado nacional. La participación de los gobiernos municipales en el total de ingresos públicos sigue siendo baja en la región, oscila entre 10 y 15%. En El Salvador es aún más baja. En algunos países desarrollados la participación municipal en el ingreso público total es entre 30 y 35%.

Harry Jager, director de RTI, destacó en el XIV Congreso Nacional de Alcaldes de El Salvador que antes de la reforma a la Ley FODES (1997), las municipalidades recibían en 1995 por concepto de transferencia un estimado de 4.10 colones por habitante. En 1996 la transferencia se incrementó a 20 colones por habitante. Para el año 1998 se presupuestaron cerca de 121 colones per cápita. A pesar de este incremento, las transferencias resultan ser insuficientes para hacerle frente a los crecientes problemas socio-económicos y ambientales de las localidades. Ello quiere decir que es conveniente que los gobiernos municipales hagan esfuerzos adicionales en aumentar sus ingresos, mejorando el sistema de recaudación y/o de impuestos locales. Prueba de ello es que a pesar de que la Ley General Tributaria Municipal haya sido aprobada en 1991, los ingresos tributarios promedio son inferiores al 20 % del total de ingresos de los modestos presupuestos municipales. Hay cerca de cien anteproyectos de ley pendientes.

En síntesis y con el objeto de evitar que miles de salvadoreños tengan que optar entre ser parte de una mega-ciudad contaminada y violenta, o abandonar el país en busca de una vida más próspera, sana y segura, es que la descentralización se convierte en un medio efectivo para ampliar las oportunidades socio-económicas a nivel territorial. En este sentido, conviene promover una mayor cultura del esfuerzo fiscal local, a fin de que el proceso de descentralización no se convierta en un simple ejercicio burocrático-administrativo; sino todo lo contrario, en impulsor del desarrollo local sostenible. También es crucial que el gasto local sea administrado de manera eficaz, eficiente y transparente.