CAMBIOS DEMOCRATICOS EN MEXICO

Es bueno comentar, en cuanto a democracia, que vamos siendo diferentes a lo que fuimos hasta hace poco. Son cambios de la política, plausibles hasta para quienes vivimos el antiguo régimen. Un ejemplo: En los viejos tiempos, una reunión de tres gobernadores o más constituía una potencial amenaza para la estabilidad política, según los exagerados servicios de información confidencial de la Secretaría de Gobernación.

Igual sucedía en las entidades federativas cuando algunos alcaldes se reunían para comentar problemas comunes, o por motivos sociales: los policías locales corrían traslado al gobernador para lo que “ordenar quisiera”.

Hoy informa la prensa con naturalidad sobre asambleas que celebran los gobernadores de las entidades federativas para discutir sus relaciones con la Presidencia de la República y las diferentes secretarías de Estado; pero nadie se alarma ni les pone un pero.

A ningún ejecutivo estatal espanta, tampoco, que los presidentes municipales efectúen juntas de trabajo. Los gobernadores las promueven como un medio de ventilar problemas y aprobar programas colectivos.

Desaparecidas las negras pesadillas que sufrían quienes ostentaban el poder público, ya no existe aquel horror presidencial a que los gobernadores o presidentes municipales debatan con sus homólogos, pues quedó eliminado el tinte colusorio que les endilgaba el autoritarismo presidencial. Ahora estas reuniones son ejercicios democráticos necesarios.

En Cuatrociénegas, la tierra de Venustiano Carranza tuvo lugar ayer una importante reunión de la Confederación Nacional de Gobernadores, presidida por el Presidente de la República, la cual podría lograr construir la Reforma del Estado mexicano y, a partir de ella, una indispensable IV Convención Nacional Fiscal que defina las atribuciones fiscales privativas de los estados y de los municipios; las privativas del Gobierno Federal y otras deban concurrir los tres órdenes de Gobierno.

Los temas, a partir de esta reunión, son tan importantes que requieren planeación, agenda, consulta y debate en tiempos prudentes, mas no eternos. Uno conduciría a un nuevo sistema competencial, definiendo las facultades y obligaciones tributarias federales, estatales y municipales, así como un modelo de coordinación hacendaria. Otros pretenden la administración fiscal conjunta, las aportaciones y las participaciones, la deuda pública y la debida fiscalización, sin la cual todo corre riesgo.

Pero hablando de tiempos repetiremos el viejo dicho: ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre. La Secretaría de Hacienda quiere alargar la celebración de la IV Convención con el pretexto de que el año próximo 10 estados cambiarán Gobierno, aunque en verdad desea ganar tiempo para reformar el artículo 124, constitucional del capítulo de Prevenciones Generales. La disposición concreta ordena: “Las facultades que no estén expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados” y Hacienda quisiera reformarla para que el texto incluya y defina sus atribuciones fiscales, lo cual ­dicen los gobernadores­ limitaría en el futuro las que corresponden a los estados y los municipios...

La lucha es, como siempre, federalismo contra centralismo. La Secretaría de Hacienda no renuncia a mantener el control fiscal como medio de conservar otro importante control: el político. Y los gobernadores sostienen que se debe buscar una solución integral que defina con claridad el destino del presupuesto federal con la correspondiente asignación de recursos para los tres niveles del gobierno, pues tanto importa lo que ingrese ­los impuestos­ como lo que Hacienda deba participar a las haciendas estatales. No olvidemos que quienes contribuimos al fisco federal somos ciudadanos de 32 entidades federativas y esperamos de ellas la contraprestación en obras y servicios para nuestra contribución fiscal...

Otro cambio democrático, digno de ser reconocido, son los procedimientos electorales. Día a día, elección tras elección, se acredita el sistema de comicios, tanto en el libre ejercicio ciudadano, como en la limpieza de procedimientos. A los partidos políticos ya no les conviene hacer trampas, aunque haya quienes las hagan a cambio de una corta feria. No es rentable, políticamente, sujetar un triunfo electoral con el hilo delgadísimo del fraude, de la operación mañosa, del miedo a la violencia. Los Tribunales Electorales de los Estados y el de competencia Federal han contribuido en sus últimas sentencias a darle respetabilidad al procedimiento jurídico que define la expresión de la voluntad ciudadana...

Ahora tocó al PAN recibir una sentencia en contra. En el Sexto Distrito electoral de Coahuila se van a repetir los comicios que había ganado Acción Nacional contra el Partido Revolucionario Institucional. No fue limpia la elección del 6 de julio. ¿Quién gana con un triunfo así? ¡Nadie! Pierden los candidatos, pierde el partido, pierde el Instituto Federal Electoral y pierde dinero el país, pues ahora tendrá que gastar, de nueva cuenta, lo que ya se había gastado. Ahora que lo importante es ganar la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral y creemos que estas decisiones contribuyen a lograrlo. Son lentos, pero importantes los avances en la vida democrática del país. Alegrémonos por ello y abramos los ojos ante los que sobrevendrán, seguramente, en los próximos años, esperando que todo sea para el bien de la República y de los mexicanos...